Sin duda, un tema de preocupación y de interés compartido por toda la comunidad de Chillán y sus distintas autoridades políticas ha sido el traslado de la actual unidad penitenciaria emplazada en el centro histórico de la ciudad.
Las razones que por años hemos conocidos son múltiples y variadas según sean los legítimos intereses de quienes abogan por su pronta solución. Independiente de aquello, en mayor o menor medida, todos somos conscientes que, pese a los estudios, evaluaciones y diagnósticos, a la fecha, no ha sido posible avanzar en esta importante iniciativa pública.
Y si bien resulta esperanzador el reciente anuncio del ejecutivo que busca construir nuevas cárceles y enfrentar los efectos negativos de la sobrepoblación penal en el país y que, de paso, prioriza a nuestra región dentro del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, existe un aspecto de esta problemática que no podemos soslayar y que se vincula con algo más básico y, a la vez fundamental, como lo es, el respeto y protección de la dignidad humana.
Se trata de una dimensión que trastoca cuestiones valóricas y de índole moral, y que nos exhorta a tener presente que, más allá de los motivos que justifiquen la privación de libertad, como manifestación del rechazo de aquellas conductas que contravienen reglas de convivencia socialmente aceptadas, se trata de personas y como tal, ellos deben ser siempre el centro de nuestra preocupación.
Y en momentos en que busca repetir experiencias probadas y avanzar en nuevas leyes hacia una persecución penal más eficaz y un mayor castigo de quienes han infringido la ley, es necesario reflexionar acerca del tipo de humanidad que estamos construyendo y observar con detención aquello que si bien miramos por nuestros ojos nos negamos a ver.
El encierro como forma de sanción debe tener un fin que lo legitime, pues de lo contrario pierde validez y erosiona la credibilidad y confianza en el sistema de justicia penal. No se trata solo de privar de libertad a una persona. Dicho propósito también debe estar orientado a la rehabilitación y reinserción social del penado. Lamentablemente, ello se torna muy complejo en cárceles como Chillan, en donde, la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de una adecuada segregación, el contagio criminógeno, sumado a una deficiente y precaria infraestructura, imposibilita cualquier tipo de actividades de formación educativas o condiciones mínimas de privacidad para visitas de familiares o abogados. Cómo se puede pretender que una persona en estas condiciones pueda ser rehabilitado.
La cuestión a resolver es cómo avanzamos en una solución y la respuesta se halla en el Estado quien, a través de sus políticas públicas, está llamado a relevar esta necesidad buscando una salida eficaz y oportuna. No se trata de privilegios, dogmas, creencias religiosas o ideologías políticas sino, simplemente de una cuestión que apela a la empatía, la sensibilidad, la compasión, la solidaridad y el cuidado colectivo, todas aptitudes que resaltan el valor intrínseco e inalienable de la naturaleza humana, pues como lo expresara en una columna el Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, “quien ha cometido un delito sigue siendo persona y donde hay una persona, hay siempre un deber moral que cumplir”.
Como sociedad debemos recordar que estamos llamados a generar condiciones que posibiliten una mayor integración y cohesión social. Ello no implica abdicar a la justicia sino en palabras del mismo Arzobispo Chomalí “hacerla más plena”. Un encierro sin rehabilitación o reinserción es un castigo estéril y vano que solo perpetua y profundiza las brechas de desigualdad y la falta de oportunidades en la historia de vida de muchos de quienes se encuentran detrás de las rejas y que hoy carecen de algo tan básico como su dignidad.
Marco Montero Cid
Defensor Regional de Ñuble
